Con una letra menos o con tres de más, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) nació junto a la Revolución Bolivariana en 1998. Una norma creada para defender, proteger y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en Venezuela.

Durante años, el ordenamiento jurídico para atender a esta población vulnerable e invisible en los gobiernos de la Cuarta República, estaba basado en convenciones y marcos legales vacíos y obsoletos, que no otorgaban un carácter de sujeto de derecho a los niños, niñas y adolescentes. Pero fue en los primeros pasos del Gobierno Revolucionario, que se le dio prioridad a esta ley que entró en vigencia el primero de abril del año 2000.

Una norma con carácter fundamental y sagrada para el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, quien desde sus inicios en el poder político abogó por resguardar los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, otorgándoles un poder y un carácter de protección inédito en el país.

Orígenes

La “Lopna” como en principio fue abreviada, tiene sus bases en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, cuyo objetivo fue transformar necesidades en derechos, mientras que el 29 de agosto de 1990 se promulgó en Venezuela la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, para brindarles protección social y jurídica, fue en este contexto que se promulgó la “Lopna” hace más de 18 años.

El 10 de diciembre del 2007, se reforma la ley con el objetivo de replantear en el país la estructura institucional de protección. En principio cambió su abreviatura a Lopnna, reconociendo la diferencia de género entre niño y niña, agregando además la “s” a los tres últimos términos que diferencian lo plural de lo singular, o mejor dicho; de lo excluyente.

La coordinadora de Defensa y Garantías del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) del estado Barinas, Gladys Arias, ofreció detalles de algunos de los cambios más resaltantes logrados en esta primera reforma, entre ellas, la incorporación de la palabra amor en el texto legal.

En este sentido, la servidora pública de este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Vicepresidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, actualmente presidido a escala nacional por Amalia Sáez, explicó que la innovación contempló tres importantes materias: administrativa, sustantiva y adjetiva; las dos primeras entraron en vigencia con su promulgación y la reforma procesal seis meses después de su publicación.

Poder Popular con responsabilidades directas

Entre algunas de las modificaciones realizadas en la reforma, explicó la sustitución de la figura del consejero por una junta directiva integrada por cuatro representantes del ejecutivo, tres representantes de los consejos comunales y un presidente designado por el alcalde, otorgando de esta manera mayor participación y responsabilidad al Poder Popular.

De igual manera, las atribuciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fueron modificadas de acuerdo a la coexistencia de las actividades de dicho órgano con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral.

Asimismo, se reformó el nombre de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Niños y Adolescentes, actualmente se denomina “Junta Directiva del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes”. Arias mencionó que se modificó la forma en la que debe ser integrado dicho órgano así como sus atribuciones.

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se transformó en un Instituto Autónomo, el cual está sometido actualmente a mecanismos de control tutelar por parte del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, pero anteriormente sujeto al Ministerio de Salud y seguidamente a la cartera ministerial de Comunas y Protección Social.

Esta reforma corrige las omisiones referidas a la autonomía funcional del Órgano Rector Nacional del Sistema de Protección y quedan sin efecto los artículos referentes a la elección de los representantes y modificación de los miembros del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente, se suprimieron los artículos referentes a las atribuciones y organización interna de los Consejos Estadales de Derechos.

Por otra parte, se derogó el artículo que regula lo referente al nombramiento del Presidente de los Consejos Municipales de Derechos, por lo que a partir de la entrada en vigencia de la ley, cesan las funciones de todos los Consejeros y Consejeras de los Consejos Nacional, Estadal y Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, se ordenó la liquidación de los Consejos Estadales de los Niños, Niñas y Adolescentes en un lapso no mayor a 30 días continuos y se ordena la liquidación de los fondos estadales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Órganos juridiccionales

Vale resaltar que este avance elimina la precedente constitución de los tribunales que estaban conformados por una Sala de Juicio que conocía en primera instancia diversos procedimientos, y una Corte Superior que tenía información de las respectivas apelaciones. Además, se prevé que en cada circuito judicial, los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes estarán constituidos en primera instancia por jueces de mediación y sustanciación y, jueces de juicio, mientras que en segunda instancia por jueces superiores.

Además de la reforma del 2007, los últimos cambios surgidos en la normativa fueron el año 2015, cuando la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, y entre las modificaciones destaca la proporcionalidad de las penas de acuerdo a los delitos cometidos.

En este sentido, el Comandante del Cuerpo de Policía del estado Barinas y especialista en derecho, Johnny Pérez, destacó que en la misma se aumentó de 12 a 14 años la edad mínima para que un adolescente sea juzgado por delitos cometidos. Explicó que se hizo una categorización de las penas proporcionales con los hechos punibles, no como lo establecía la norma anterior que estipulaba cinco años independientemente de la gravedad del caso.

Además se modificaron artículos de la Ley relacionados con el sistema de responsabilidad penal de las y los adolescentes, contenidos en el título 5 de la Lopnna.

Hasta 10 años de prisión 

De acuerdo al artículo 620 de la norma anterior los menores de edad, independientemente del delito, tenían una pena de cinco años de prisión, pero con la modificación aquellos delitos graves como homicidio intencional, violación, secuestro y los relacionados con drogas ahora tienen penas entre seis y 10 años. En otros hechos menos graves como robos y extorsión la pena no superará los seis años. Indicó que en el caso de los menores de 14 años que incurren en delitos no serán sancionados, sino que les dictan medidas de protección por el Consejo a cargo, ya que no solo se trata de sancionar al adolescente, sino también de ofrecerle protección para que se desarrolle.

Asimismo, la autoridad del organismo de seguridad, alegó que los jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 14 años tienen una incidencia casi nula en la comisión de delitos, por lo que consideraron necesario ejecutar medidas para proteger y guiarlos en lugar de sancionarlos. La ley también estableció la incorporación de los consejos comunales en materia de asesoría, orientación y trabajo comunitario a aquellos adolescentes que no tienen medidas de privativas de libertad.

Entre algunos de los logros obtenidos con estas reformas, se avanza en primer lugar a una sensibilización social más colectiva, logrando la incorporación de los consejos comunales a través de la conformación de los Comités de Protección, así como su constitución en diferentes comunidades.

En esta nueva fase, se consolidó un gran avance con la incorporación de la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública en el Sistema de Protección, lo cual permite un significativo fortalecimiento con la finalidad de seguir garantizando los derechos de la infancia y la adolescencia. La revolución sigue avanzando por impulsar todas las políticas necesarias para garantizar el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Poder Popular integrado

Por su parte, Carolina Maldonado, vocera del Consejo Comunal Brisas del Corozal en el municipio Barinas, destacó que gracias a las políticas implementadas por el gobierno nacional, han logrado vincularse de forma directa en los mecanismos de acción para proteger y defender los derechos de la infancia y la adolescencia.

De este modo, manifestó que hacen más participativo y protagónico al poder popular, en aras de cumplir y hacer cumplir las normas que garantizan la seguridad y el bienestar de los consentidos de la patria. Maldonado considera que es justo y necesario asumir con mayor firmeza la conciencia y el deber social que tienen los consejos comunales, haciendo hincapié en la importancia de esto, en la conformación y activación de sus Comités de Protección.

Texto: Mayerlin Montana/ Prensa Idenna Barinas

No hay comentarios

Dejar respuesta